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ANTE LA REFORMA ANUNCIADA POR EL GOBIERNO DE LA Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

Enviado por paco en Vie, 03/29/2013 - 00:04


Una vez más los intereses del patriarcado tienen voz y operan sin tapujos para someter a las mujeres con el
cambio que propugna el gobierno, haciéndose eco de la misoginia tradicional de la Iglesia Católica y de sectores
ultraconservadores.
Por todo ello, desde la Plataforma de Mujeres ante el Congreso
Denunciamos:
o El cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, y en particular las jóvenes, para tomar decisiones sobre su
                    propia vida. Las mujeres son responsables para tomar decisiones sobre su maternidad.
o La pretensión de que las menores de 18 años no puedan decidir en relación a la práctica de una interrupción
                          voluntaria del embarazo, tal y como pueden hacer actualmente ante cualquier intervención sanitaria, tanto
                                        sobre su realización como sobre la información a dar a sus familiares, de la manera que recoge la Ley 41/2002
                                                             de Autonomía del Paciente suprimiendo la IVE del artículo 9.
o La  supresión  de  este  derecho  adquirido  por  las  jóvenes  de  16  a  18  años  en  la  actual  Ley  2/2010  podría
                         acarrear graves consecuencias para ellas, ya que si una joven teme la reacción de su familia podría recurrir a
                                             practicarse un aborto clandestino, con los riesgos que implica.
o El  incumplimiento  de  la  inclusión  de  la  educación  sexual  con  enfoque  de  género  en  los  curriculums  de
                     enseñanza primaria y secundaria
o El hecho de que desde los poderes públicos se financie a algunos sectores que vulneran los derechos sexuales
                    y  reproductivos  de  las  mujeres  en  detrimento  o  recorte  de  aquellas  entidades  que  los  promueven  y
                                   garantizan.
o La ausencia de una regulación de las responsabilidades de los centros sanitarios en relación a la IVE, así como
                       la  no  regulación  de  la  objeción  de  conciencia  de  sus  profesionales.  Ambas  cuestiones  pueden  tener  como
                                        resultado que determinados centros sanitarios públicos dejen de atender las IVEs por ausencia de personal
                                                       dispuesto a hacerlo.
o El  que,  con  la  excusa  de  las  competencias  sanitarias  de  las  CCAA,  se  recorten  derechos  obstaculizando  el
                  acceso  a  la  prestación  de  IVE,  recibiendo  las  mujeres  un  trato  desigualitario  en  relación  al  resto  de  las
                                     prestaciones de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud según la CCAA en la que residamos.
Así mismo, seguimos en contra de la falta de reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres en relación a su
maternidad  por  parte  de  los  poderes  públicos.  Por  tanto,  lejos  de  modificar  la  Ley  para  limitarla  aún  más,
entendemos que el Gobierno debería ampliarla en los términos que venimos defendiendo desde hace varios años
e insistimos en denunciar:
o La criminalización que se hace del aborto voluntario al permanecer como delito regulado dentro del Código
                   Penal, algo injustificado salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia. 
o La falta de inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otras
                     profesiones socio‐sanitarias, que desarrollen acciones formativas que, desde el enfoque de género, capaciten
                                    para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de
                                                        normalizar y garantizar la preparación del conjunto de profesionales que la lleven a cabo.
o La falta de equidad territorial y la ausencia de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud
                     (SNS)  que  asegure  la  prestación  efectiva  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  en  la  red  sanitaria
                                      pública, con posibilidades de acceso y proximidad similares en todos los territorios.
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