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Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Enviado por paco en Dom, 02/10/2013 - 21:15
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55    
Jueves 4 de marzo de 2010    
Sec. I. Pág. 21001
I.  DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
3514
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
ley orgánica.
PREÁMBULO
El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente
vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto
de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos
que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de
tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que
las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la
autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese
tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten
de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de
atención sanitaria, asesoramiento o información.
La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación
para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan
profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de
las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto
por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la
Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece
en su artículo 12 que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de
atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar». Por otro lado, la
Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre
la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que «los derechos humanos de las mujeres
incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su
sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y
violencia». En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la
Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en
la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados
miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo
sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes
desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva,
a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos,
su nivel de renta o el país de residencia.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad
de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España, establece la obligación de los Estados
Partes de respetar «el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de
I
manera responsable el número de hijos que quieren tener [...] a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiada para su edad y a que se
provean los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos», así como a que
«mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás».
La presente Ley pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la
comunidad internacional en esta materia, mediante la actualización de las políticas públicas
y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. La
Ley parte de la convicción, avalada por el mejor conocimiento científico, de que una
educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas
efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos
de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidad de
programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir,
especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos
no deseados y los abortos.
La Ley aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y
reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las definiciones de la
Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva y prevé
la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el
educativo. Establece, asimismo, una nueva regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo fuera del Código Penal que, siguiendo la pauta más extendida en los países de
nuestro entorno político y cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos
e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal.
II
El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas
relaciones ha de regular, procurando siempre que la innovación normativa genere certeza
y seguridad en las personas a quienes se destina, pues la libertad sólo encuentra refugio
en el suelo firme de la claridad y precisión de la Ley. Ese es el espíritu que inspira la nueva
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problema social de los abortos
clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y atendiendo a
la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los derechos de las mujeres
en relación con la maternidad, despenalizó ciertos supuestos de aborto. La reforma del
Código Penal supuso un avance al posibilitar el acceso de las mujeres a un aborto legal y
seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave peligro
para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera
consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves taras
físicas o psíquicas en el feto. A lo largo de estos años, sin embargo, la aplicación de la ley
ha generado incertidumbres y prácticas que han afectado a la seguridad jurídica, con
consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para la eficaz
protección del bien jurídico penalmente tutelado y que, en contra del fin de la norma,
eventualmente han podido poner en dificultades a los profesionales sanitarios de quienes
precisamente depende la vigilancia de la seguridad médica en las intervenciones de
interrupción del embarazo.
La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que «en este
tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la
claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada» y, por otro lado, que «una vez que
el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se
limiten las posibilidades reales de obtenerlo».
En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco de
opciones que la Constitución deja abierto, desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo
con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. La experiencia
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acumulada en la aplicación del marco legal vigente, el avance del reconocimiento social y
jurídico de la autonomía de las mujeres tanto en el ámbito público como en su vida privada,
así como la tendencia normativa imperante en los países de nuestro entorno, abogan por
una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo presidida por la claridad en donde
queden adecuadamente garantizadas tanto la autonomía de las mujeres, como la eficaz
protección de la vida prenatal como bien jurídico. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, reafirmó el derecho de todo
ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre
disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un
aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha invitado a los Estados
miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.
En la concreción del modelo legal, se ha considerado de manera especialmente atenta
la doctrina constitucional derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional en esta
materia. Así, en la sentencia 53/1985, el Tribunal, perfectamente dividido en importantes
cuestiones de fondo, enunció sin embargo, algunos principios que han sido respaldados
por la jurisprudencia posterior y que aquí se toman como punto de partida. Una de esas
afirmaciones de principio es la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses
que entran en conflicto a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo y, en
consecuencia, el deber del legislador de «ponderar los bienes y derechos en función del
supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario,
precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de
ellos» (STC 53/1985). Pues si bien «los no nacidos no pueden considerarse en nuestro
ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15
de la Constitución» esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional
(STC 116/1999). La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el
legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e
instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales
de la mujer embarazada.
La ponderación que el legislador realiza ha tenido en cuenta la doctrina de la STC
53/1985 y atiende a los cambios cualitativos de la vida en formación que tienen lugar
durante el embarazo, estableciendo, de este modo, una concordancia práctica de los
derechos y bienes concurrentes a través de un modelo de tutela gradual a lo largo de la
gestación.
La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica,
entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y
que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. El legislador ha considerado
razonable, de acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el análisis del
derecho comparado, dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres
la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo,
sin interferencia de terceros, lo que la STC 53/1985 denomina «autodeterminación
consciente», dado que la intervención determinante de un tercero en la formación de la
voluntad de la mujer gestante, no ofrece una mayor garantía para el feto y, a la vez, limita
innecesariamente la personalidad de la mujer, valor amparado en el artículo 10.1 de la
Constitución.
La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a
través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. Por
ello, la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de
la voluntad de la mujer, y no contra ella. La mujer adoptará su decisión tras haber sido
informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea
continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales
derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, así como de la
posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. La Ley dispone un
plazo de reflexión de al menos tres días y, además de exigir la claridad y objetividad de la
información, impone condiciones para que ésta se ofrezca en un ámbito y de un modo
exento de presión para la mujer.
En el desarrollo de la gestación, «tiene –como ha afirmado la STC 53/1985– una
especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de
vida independiente de la madre». El umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso
general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de
neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Es hasta este
momento cuando la Ley permite la interrupción del embarazo siempre que concurra
alguna de estas dos indicaciones: «que exista grave riesgo para la vida o la salud de la
embarazada», o «que exista riesgo de graves anomalías en el feto». Estos supuestos de
interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico se regulan con las debidas
garantías a fin de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la
indicación. A diferencia de la regulación vigente, se establece un límite temporal cierto
en la aplicación de la llamada indicación terapéutica, de modo que en caso de existir
riesgo para la vida o salud de la mujer más allá de la vigésimo segunda semana de
gestación, lo adecuado será la práctica de un parto inducido, con lo que el derecho a la
vida e integridad física de la mujer y el interés en la protección de la vida en formación
se armonizan plenamente.
Más allá de la vigésimo segunda semana, la ley configura dos supuestos excepcionales
de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que «se detecten
anomalías fetales incompatibles con la vida», en que decae la premisa que hace de la vida
prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del artículo 15 de la Constitución
(STC 212/1996). El segundo supuesto se circunscribe a los casos en que «se detecte en
el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico
y así lo confirme un comité clínico». Su comprobación se ha deferido al juicio experto de
profesionales médicos conformado de acuerdo con la evidencia científica del momento.
La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a la
prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo y a la protección de la
intimidad y confidencialidad de las mujeres. Con estas previsiones legales se pretende dar
solución a los problemas a que había dado lugar el actual marco regulador tanto de
desigualdades territoriales en el acceso a la prestación como de vulneración de la intimidad.
Así, se encomienda a la Alta Inspección velar por la efectiva igualdad en el ejercicio de los
derechos y el acceso a las prestaciones reconocidas en esta Ley.
Asimismo se recoge la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios
directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, que será articulado en
un desarrollo futuro de la Ley.
Se ha dado nueva redacción al artículo 145 del Código Penal con el fin de limitar la pena
impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por
la ley eliminando la previsión de pena privativa de libertad, por un lado y, por otro, para
precisar la imposición de las penas en sus mitades superiores en determinados supuestos.
Asimismo se introduce un nuevo artículo 145 bis, a fin de incorporar la penalidad
correspondiente de las conductas de quienes practican una interrupción del embarazo dentro
de los casos contemplados por la ley, pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella.
Finalmente, se ha modificado la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora
de la Autonomía del Paciente con el fin de que la prestación del consentimiento para la
práctica de una interrupción voluntaria del embarazo se sujete al régimen general previsto
en esta Ley y eliminar la excepcionalidad establecida en este caso.
III
La Ley se estructura en un Título preliminar, dos Títulos, tres disposiciones adicionales,
una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
El Título Preliminar establece el objeto, las definiciones, los principios inspiradores de
la ley y proclama los derechos que garantiza.
El Título Primero, bajo la rúbrica «De la salud sexual y reproductiva, se articula en
cuatro capítulos. En el capítulo I se fijan los objetivos de las políticas públicas en materia
de salud sexual y reproductiva. El capítulo II contiene las medidas en el ámbito sanitario y
el capítulo III se refiere a las relativas al ámbito educativo. El capítulo IV tiene como objeto
la previsión de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
como instrumento de colaboración de las distintas administraciones públicas para el
adecuado desarrollo de las políticas públicas en esta materia.
En el Título Segundo se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del
embarazo y las garantías en el acceso a la prestación.
La disposición adicional primera mandata que la Alta Inspección verifique el
cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley.
La disposición adicional segunda impone al Gobierno la evaluación del coste económico
de los servicios y prestaciones incluidos en la Ley así como la adopción de medidas
previstas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud.
Finalmente, la disposición adicional tercera se refiere al acceso a los métodos
anticonceptivos y su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud.
La disposición derogatoria deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido en
el Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fue
mantenida por el Código Penal de 1995.
La disposición final primera da nueva redacción al artículo 145 del Código Penal e
introduce un nuevo artículo 145 bis, y la disposición final segunda modifica el apartado
cuarto del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Finalmente, las restantes disposiciones finales se refieren al
carácter orgánico de la ley, la habilitación al Gobierno para su desarrollo reglamentario, el
ámbito territorial de aplicación de la Ley y la entrada en vigor que se fija en cuatro meses
desde su publicación, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su plena
aplicación.
Constituye el objeto de la presente Ley Orgánica garantizar los derechos fundamentales
en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción
voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes
públicos.
Artículo 2.  Definiciones.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley se aplicarán las siguientes definiciones:
a)  Salud: el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.
b)  Salud sexual: el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado
con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia.
c)  Salud reproductiva: la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en
los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se pueda
tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos.
1.  En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas
las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual
y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás
personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes.
2.  Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida.
Artículo 3.  Principios y ámbito de aplicación.
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3.  Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en
esta Ley por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, sexo,
discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
4.  Los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán
a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece la presente Ley en garantía
de la salud sexual y reproductiva.
Artículo 4.  Garantía de igualdad en el acceso.
El Estado, en el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección, velará por que se
garantice la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema
Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplicación de esta Ley.
TÍTULO I
De la salud sexual y reproductiva
CAPÍTULO I
Políticas públicas para la salud sexual y reproductiva
Artículo 5.  Objetivos de la actuación de los poderes públicos.
1.  Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y
sociales garantizarán:
a)  La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos
formales del sistema educativo.
b)  El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva.
c)  El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad.
d)  La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las
personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les garantizará su derecho a la
salud sexual y reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos necesarios en función de
su discapacidad.
e)  La educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y
salud reproductiva.
f)  La información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto
las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no
deseados.
2.  Asimismo en el desarrollo de sus políticas promoverán:
a)  Las relaciones de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito
de la salud sexual y la adopción de programas educativos especialmente diseñados para
la convivencia y el respeto a las opciones sexuales individuales.
b)  La corresponsabilidad en las conductas sexuales, cualquiera que sea la orientación
sexual.
Artículo 6.  Acciones informativas y de sensibilización.
Los poderes públicos desarrollarán acciones informativas y de sensibilización sobre
salud sexual y salud reproductiva, especialmente a través de los medios de comunicación,
y se prestará particular atención a la prevención de embarazos no deseados, mediante
acciones dirigidas, principalmente, a la juventud y colectivos con especiales necesidades,
así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

CAPÍTULO II
Medidas en el ámbito sanitario
Artículo 7.  Atención a la salud sexual y reproductiva.
Los servicios públicos de salud garantizarán:
a)  La calidad de los servicios de atención a la salud sexual integral y la promoción de
estándares de atención basados en el mejor conocimiento científico disponible.
b)  El acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción,
mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido
avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional
de Salud.
c)  La provisión de servicios de calidad para atender a las mujeres y a las parejas
durante el embarazo, el parto y el puerperio. En la provisión de estos servicios, se tendrán
en cuenta los requerimientos de accesibilidad de las personas con discapacidad.
d)  La atención perinatal, centrada en la familia y en el desarrollo saludable.
Artículo 8.  Formación de profesionales de la salud.
La formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género e
incluirá:
a)  La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares
de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, incluyendo la
investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.
b)  La formación de profesionales en salud sexual y salud reproductiva, incluida la
práctica de la interrupción del embarazo.
c)  La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo
largo del desempeño de la carrera profesional.
d)  En los aspectos formativos de profesionales de la salud se tendrán en cuenta la
realidad y las necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de
las personas con discapacidad.
CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito educativo
Artículo 9.  Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema
educativo.
El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como
parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, incluyendo un
enfoque integral que contribuya a:
a)  La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y
corresponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la
violencia de género, agresiones y abusos sexuales.
b)  El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
c)  El desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las
personas jóvenes.
d)  La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y
especialmente la prevención del VIH.
e)  La prevención de embarazos no deseados, en el marco de una sexualidad
responsable.
f)  En la incorporación de la formación en salud y salud sexual y reproductiva al
sistema educativo, se tendrán en cuenta la realidad y las necesidades de los grupos o
sectores sociales más vulnerables, como el de las personas con discapacidad
proporcionando, en todo caso, a este alumnado información y materiales accesibles,
adecuados a su edad.
Artículo 10.  Actividades formativas.
Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de
actividades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de
infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando información
adecuada a los padres y las madres.
CAPÍTULO IV
Estrategia de salud sexual y reproductiva
Artículo 11.  Elaboración de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley, el Gobierno, en cooperación
con las Comunidades Autónomas y con respeto a su ámbito competencial, aprobará un
Plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la
colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales.
La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de
Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades.
La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de
evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso
universal a la salud sexual y reproductiva.
TÍTULO II
De la interrupción voluntaria del embarazo
CAPÍTULO I
Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo
Artículo 12.  Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones
que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más
favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que
solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la
vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no
discriminación.
Artículo 13.  Requisitos comunes.
Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:
Primero.–Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección.
Segundo.–Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado.
Tercero.–Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer
embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en
la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto en el artículo
9.2.b) de la referida Ley.
Cuarto.–En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la
interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo
con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria
potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de
la decisión de la mujer.
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le
provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar,
amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o
desamparo.
Artículo 14.  Interrupción del embarazo a petición de la mujer.
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación
a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:
a)  Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones
y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
b)  Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información
mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.
Artículo 15.  Interrupción por causas médicas.
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a)  Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave
riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con
anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la
practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse
del dictamen.
b)  Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista
riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad
a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
c)  Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en
un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que
practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente
grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
1.  El comité clínico al que se refiere el artículo anterior estará formado por un equipo
pluridisciplinar integrado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o
expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer podrá elegir uno de estos
especialistas.
2.  Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer decidirá sobre la intervención.
3.  En cada Comunidad Autónoma habrá, al menos, un comité clínico en un centro de
la red sanitaria pública. Los miembros, titulares y suplentes, designados por las autoridades
sanitarias competentes, lo serán por un plazo no inferior a un año. La designación deberá
hacerse pública en los diarios oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas.
4.  Las especificidades del funcionamiento del Comité clínico se determinarán
reglamentariamente.
Artículo 16.  Comité clínico.
Artículo 17.  Información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del
embarazo.
1.  Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción
voluntaria del embarazo recibirán información sobre los distintos métodos de interrupción
del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta Ley, los centros
públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites para acceder a la
prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud
correspondiente.
2.  En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo regulada
en el artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá la siguiente
información:
a)  Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura
sanitaria durante el embarazo y el parto.
b)  Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las prestaciones
y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y
demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.
c)  Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre
anticoncepción y sexo seguro.
d)  Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente
asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo.
Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público o bien en
los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la
información en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento acreditativo de la
fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
La elaboración, contenidos y formato de esta información será determinada
reglamentariamente por el Gobierno.
3.  En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b del artículo 15
de esta Ley, la mujer recibirá además de la información prevista en el apartado primero de
este artículo, información por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas
existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la
red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas.
4.  En todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación del consentimiento,
se habrá de informar a la mujer en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002
de 14 de noviembre, y específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y
sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo.
5.  La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En el
caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles,
adecuados a sus necesidades.
Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha información podrá ser
ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo solicita.
CAPÍTULO II
Garantías en el acceso a la prestación
Artículo 18.  Garantía del acceso a la prestación.
Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias,
aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la
interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en
esta Ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud.
Artículo 19.  Medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud.
1.  Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación a la
interrupción voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentes
garantizarán los contenidos básicos que el Gobierno determine, oído el Consejo
Interterritorial de Salud. Se garantizará a todas las mujeres por igual el acceso a la
prestación con independencia del lugar donde residan.
2.  La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en
centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.
Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del
embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la
calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la
objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del
embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario
directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe
manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso los profesionales sanitarios
dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y
después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo.
Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la
prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a
acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de
asumir directamente el abono de la prestación.
3.  Las intervenciones contempladas en la letra c) del artículo 15 de esta Ley se
realizarán preferentemente en centros cualificados de la red sanitaria pública.
Artículo 20.  Protección de la intimidad y confidencialidad.
1.  Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo asegurarán la
intimidad de las mujeres y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter
personal.
2.  Los centros prestadores del servicio deberán contar con sistemas de custodia
activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantar en el tratamiento de
los datos las medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente de
protección de datos de carácter personal.
Artículo 21.  Tratamiento de datos.
1.  En el momento de la solicitud de información sobre la interrupción voluntaria del
embarazo, los centros, sin proceder al tratamiento de dato alguno, habrán de informar a la
solicitante que los datos identificativos de las pacientes a las que efectivamente se les
realice la prestación serán objeto de codificación y separados de los datos de carácter
clínico asistencial relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.
2.  Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo establecerán
mecanismos apropiados de automatización y codificación de los datos de identificación de
las pacientes atendidas, en los términos previstos en esta Ley.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán datos identificativos de
la paciente su nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente, así
como cualquier dato que revele su identidad física o genética.
3.  En el momento de la primera recogida de datos de la paciente, se le asignará un
código que será utilizado para identificarla en todo el proceso.
4.  Los centros sustituirán los datos identificativos de la paciente por el código asignado
en cualquier información contenida en la historia clínica que guarde relación con la práctica
de la interrupción voluntaria del embarazo, de forma que no pueda producirse con carácter
general, el acceso a dicha información.
Núm. 55   
5.  Las informaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo
deberán ser conservadas en la historia clínica de tal forma que su mera visualización no
sea posible salvo por el personal que participe en la práctica de la prestación, sin perjuicio
de los accesos a los que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 22.  Acceso y cesión de datos de carácter personal.
1.  Únicamente será posible el acceso a los datos de la historia clínica asociados a los
que identifican a la paciente, sin su consentimiento, en los casos previstos en las
disposiciones legales reguladoras de los derechos y obligaciones en materia de
documentación clínica.
Cuando el acceso fuera solicitado por otro profesional sanitario a fin de prestar la
adecuada asistencia sanitaria de la paciente, aquél se limitará a los datos estricta y
exclusivamente necesarios para la adecuada asistencia, quedando constancia de la
realización del acceso.
En los demás supuestos amparados por la ley, el acceso se realizará mediante
autorización expresa del órgano competente en la que se motivarán de forma detallada las
causas que la justifican, quedando en todo caso limitado a los datos estricta y exclusivamente
necesarios.
2.  El informe de alta, las certificaciones médicas y cualquier otra documentación
relacionada con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo que sea necesaria a
cualquier efecto, será entregada exclusivamente a la paciente o persona autorizada por
ella. Esta documentación respetará el derecho de la paciente a la intimidad y confidencialidad
en el tratamiento de los datos de carácter personal recogido en este Capítulo.
3.  No será posible el tratamiento de la información por el centro sanitario para
actividades de publicidad o prospección comercial. No podrá recabarse el consentimiento
de la paciente para el tratamiento de los datos para estas actividades.
Artículo 23.  Cancelación de datos.
1.  Los centros que hayan procedido a una interrupción voluntaria de embarazo
deberán cancelar de oficio la totalidad de los datos de la paciente una vez transcurridos
cinco años desde la fecha de alta de la intervención. No obstante, la documentación clínica
podrá conservarse cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, en cuyo caso se procederá
a la cancelación de todos los datos identificativos de la paciente y del código que se le
hubiera asignado como consecuencia de lo dispuesto en los artículos anteriores.
2.  Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio por la
paciente de su derecho de cancelación, en los términos previstos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Disposición adicional primera.  De las funciones de la Alta Inspección.
El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del
cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley en todo el
Sistema Nacional de Salud.
Para la formulación de propuestas de mejora en equidad y accesibilidad de las
prestaciones y con el fin de verificar la aplicación efectiva de los derechos y prestaciones
reconocidas en esta Ley en todo el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno elaborará un
informe anual de situación, en base a los datos presentados por las Comunidades
Autónomas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Disposición adicional segunda.  Evaluación de costes y adopción de medidas.
El Gobierno evaluará el coste económico de los servicios y prestaciones públicas
incluidas en la Ley adoptando, en su caso, las medidas necesarias de conformidad a lo
dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud.
Disposición adicional tercera.  Acceso a métodos anticonceptivos.
El Gobierno, en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la Ley, concretará la
efectividad del acceso a los métodos anticonceptivos. En este sentido, se garantizará la
inclusión de anticonceptivos de última generación cuya eficacia haya sido avalada por la
evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en
las mismas condiciones que las prestaciones farmacéuticas con financiación pública.
Disposición derogatoria única.  Derogación del artículo 417 bis del Código Penal.
Queda derogado el artículo 417 bis del Texto Refundido del Código Penal publicado
por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, redactado conforme a la Ley Orgánica
9/1985, de 5 de julio.
Disposición final primera.  Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.
Uno.–El artículo 145 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 145.
1.  El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los
casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de uno a tres años
e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar
servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos,
públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la pena
en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera
de un centro o establecimiento público o privado acreditado.
2.  La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause,
fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis
a veinticuatro meses.
3.  En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente
previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo
a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.»
Dos.–Se añade un nuevo artículo 145 bis del Código Penal, que tendrá la siguiente
redacción:
«Artículo 145 bis.
1.  Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación
especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de seis meses a dos
años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto:
2.  En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo
en su mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo
segunda semana de gestación.
3.  La embarazada no será penada a tenor de este precepto.»
Tres.–Se suprime el inciso «417 bis» de la letra a) del apartado primero de la disposición
derogatoria única.
a)  sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa
relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad;
b)  sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación;
c)  sin contar con los dictámenes previos preceptivos;
d)  fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este
caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior.
Disposición final segunda.  Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
El apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora
de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y
documentación clínica, tendrá la siguiente redacción:
«4.  La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana
asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y
por las disposiciones especiales de aplicación.»
Disposición final tercera.  Carácter orgánico.
La presente Ley Orgánica se dicta al amparo del artículo 81 de la Constitución.
Los preceptos contenidos en el Título Preliminar, el Título I, el capítulo II del Título II,
las disposiciones adicionales y las disposiciones finales segunda, cuarta, quinta y sexta no
tienen carácter orgánico.
Disposición final cuarta.  Habilitación para el desarrollo reglamentario.
El Gobierno adoptará las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y
desarrollo de la presente Ley.
En tanto no entre en vigor el desarrollo reglamentario referido, mantienen su vigencia
las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia que no se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.
Disposición final quinta.  Ámbito territorial de aplicación de la Ley.
Sin perjuicio de las correspondientes competencias autonómicas, el marco de
aplicación de la presente Ley lo será en todo el territorio del Estado.
Corresponderá a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestación
contenida en la red sanitaria pública, o vinculada a la misma, en la Comunidad Autónoma
de residencia de la mujer embarazada, siempre que así lo solicite la embarazada.
Disposición final sexta.  Entrada en vigor.
La Ley entrará en vigor en el plazo de cuatro meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar
esta ley orgánica.
Madrid, 3 de marzo de 2010.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X